Taxistas pertenecientes a los sitios Valpi, Pochutla, Costa Pacífico y San Pedro tomaron durante seis horas la Delegación de Tránsito de esta ciudad, para exigir la suspensión de trámites tendientes al emplacamiento de 19 unidades que prestan el servicio de transporte público desde hace un año.
• Exigen cese de trámites para emplacamiento de 19 concesiones irregulares
Por. Patricia Pacheco
Taxistas de cuatro sitios locales bloquearon calles aledañas a la oficina de Tránsito estatal, impidiendo el tránsito vehicular.
SAN PEDRO POCHUTLA.- Taxistas pertenecientes a los sitios Valpi, Pochutla, Costa Pacífico y San Pedro tomaron durante seis horas la Delegación de Tránsito de esta ciudad, para exigir la suspensión de trámites tendientes al emplacamiento de 19 unidades que prestan el servicio de transporte público desde hace un año, y cuyas concesiones fueron emitidas en medio de una serie de irregularidades por el ex titular de la Coordinación de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón.
Ante la intención de los pretendidos concesionarios -15 de ellos aglutinados en el sitio de reciente creación Las Golondrinas, y cuatro adheridos al ya existente 12 de Agosto-, de gestionar cartas mecánicas y calcas en la oficina de Tránsito del Estado, una turba de socios y directivos de los cuatro sitios locales afectados se apersonaron hasta el lugar para impedir la expedición de los documentos, bloqueando el inmueble y las calles aledañas con sus vehículos.
¡Nos quieren ver la cara!
¡Otra vez nos quieren ver la cara de pendejos!, soltaron furibundos taxistas al referirse a las supuestas facilidades que el encargado de la Delegación, Daniel Chávez Vásquez, otorgaba a los taxistas que pretendían documentar sus unidades, como paso previo a su emplacamiento, a pesar de encontrarse bajo proceso legal por presunto tráfico de concesiones, y en una etapa de revisión con miras a la revocación de las mismas.
“El proceso de revocación está en curso desde hace varios meses, ya se han desahogado pruebas ante las instancias correspondientes e incluso el área jurídica de la Cotran y el propio Pedro Silva (titular de la dependencia) nos han informado que en unos días más se resuelve la demanda penal, por lo que es improcedente que los involucrados realicen cualquier tipo de trámite”, afirmó Miguel Bautista Romero, presidente del sitio Pochutla.
Los quejosos advirtieron que de no cesarse los trámites y entrega de documentos para favorecer a los 19 taxistas ilegales, tomarán medidas más drásticas como cierre de otras dependencias y un bloqueo total a las principales arterias de la población, por lo que exigieron al gobierno estatal intervenga para evitar mayores conflictos.
A las 18:00 horas, los inconformes terminaron con la protesta debido a que la Cotran expidió un documento donde se informa a los titulares de las oficinas de Recaudación de Rentas, Olegario Giral, y Tránsito estatal, sobre la suspensión de cualquier diligencia cuyo objetivo sea regularizar las unidades en disputa.
Concesiones producto de “cochupos”
Luego de encabezar diversas protestas (desde finales del año 2010) por lo que consideran un “pago de favores políticos del anterior gobierno estatal al ex edil de Pochutla José Manuel Ricárdez y otros ex funcionarios municipales”, quienes habrían sido beneficiados con la emisión fraudulenta de las 19 concesiones; directivos de los cuatro sitios locales a nombre de sus agremiados han destapado toda una retahíla de inconsistencias que rodean a las mismas.
Según los expedientes administrativos de las cuestionadas concesiones, éstas fueron autorizadas el 20 de noviembre de 2010, apenas cinco días después de que el ex munícipe de Pochutla otorgara la anuencia.
En su momento, Rubén Valenzuela Pinacho, directivo del sitio Valpi, evidenció que los beneficiarios de las concesiones no siguieron un procedimiento legal para su expedición, ya que, entre otras anomalías no cuentan con un título original avalado por el gobernador en turno, y solo poseen una hoja verde de seguridad; asimismo detalló sobre la falta de una convocatoria que debió ser publicada en el diario oficial y un estudio de factibilidad.
Tampoco existe un oficio de resolución o aprobación de las concesiones por parte del ejecutivo estatal y los permisionarios no realizaron el pago de derechos, aportación que debería ingresar a la Secretaría de Finanzas, informó.
