El caso de Ángel, dice Erika Guevara, directora del programa de Amnistía Internacional para América, “es un claro ejemplo de la falta de medidas de la Procuraduría General federal para documentar debidamente los casos de tortura”.
El migrante garifuna hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, quien permaneció encarcelado en México acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Foto: Cuartoscuro
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Nayeli Roldán (@nayaroldan)
“Estoy contento de ver el amanecer de un nuevo día afuera”, es lo primero que dice Ángel Amílcar Colón Quevedo a su interlocutor. Cómo no estarlo después de pasar cinco años, seis meses y siete días en prisión acusado de formar parte de una banda del crimen organizado sin más pruebas que una declaración hecha bajo tortura y el parte informativo de los policías y militares que lo golpearon y humillaron durante y después de su detención. Está libre porque la Procuraduría General de la República presentó “conclusiones de no acusación”; reconoció al fin que es inocente de todos los cargos que le imputaron en 2009.
Ángel Amílcar, hondureño de 37 años, fue víctima de tortura por parte de militares y policías federales y estatales, práctica que aumentó 600% en un decenio, según Amnistía Internacional. Ahora no duda en afirmar que “siempre supieron que era inocente”, pero el Ministerio Público mantuvo la acusación porque le interesaba llenar una estadística. “Fui un número más en las aprehensiones para justificar que se estaba combatiendo la delincuencia organizada”, dice.
Y es que su detención ocurrió justo durante el periodo de la “guerra” contra el narco emprendida por el expresidente Felipe Calderón. Por eso, él y otros más, a quienes nunca antes había visto, fueron presentados ante los medios de comunicación como responsables de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos. Aunque fue parte de los “resultados” que exhibió el gobierno federal, en realidad Ángel era sólo uno de los 140 mil centroamericanos que pasan por México cada año para llegar a Estados Unidos.
El infierno
En 2009, el hijo mayor de Ángel fue diagnosticado con cáncer. Sin dinero suficiente para el tratamiento, decidió migrar a los Estados Unidos para conseguir un empleo y salvar la vida del pequeño. Diez días después de iniciar la travesía, llegó a Tijuana donde un coyote lo llevó a una casa en la que supuestamente debía esperar unos días para luego cruzar la frontera. “El ruso”, como se hacía llamar, lo encerró en una habitación y le permitía ir a comer en la cocina tres veces al días. El 9 de marzo, escuchó la detonación de un arma, golpes a la puerta de la cochera y sin saber a ciencia cierta lo que sucedía, lo único que se le ocurrió fue “correr para salvar mi vida. Salté del segundo piso de una ventana y caí a una barranca”.
El operativo policíaco incluyó un helicóptero, desde donde observaron el intento de huída. “Me quedé quieto hasta que alguien puso sus botas en mi espalda y sentí un fierro que me pegaba en la costilla derecha”. Después de anunciarle que estaba detenido “me quitaron la camisa y me cubrieron con ella mientras me daban de puñetazos y me hicieron subir la barranca hincado”. Ese fue el preámbulo de lo que vendría después con las autoridades mexicanas.
Las siguientes horas fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal de Tijuana, luego a la Policía Federal donde, además de golpearlo, lo asfixiaban. Recuerda que encontró la manera de tomar aire “mordiendo la bolsa que me ponían en la cabeza”. Así comenzó su primer interrogatorio, pero cuando los federales escucharon que Ángel decía que en su país presidió la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), los castigos se exacerbaron.
Al día siguiente, lo presentaron ante el Ministerio Público sólo para tomarle huellas y datos; luego lo llevaron al cuartel Morelos, de la segunda zona militar del 28 batallón donde se encontraban otras 60 personas en su misma situación.
Desde las 5 de la tarde sufrió discriminación debido a su color de piel ya que es afro descendiente; tratos degradantes, humillaciones, tocamientos en diferentes partes del cuerpo. A las dos de la mañana, aparecieron dos personas del Ministerio Público con hojas en blanco que tuvo que firmar y a las 9 de la mañana, en otro salón, otro MP tomó su declaración. “Yo decía una cosa y el escribiente anotaba otra. Ahí comenzó el manipuleo de la información. Y las amenazas de si quería otra calentadita si no colaboraba”.
Esas declaraciones junto con el parte de policías y militares sobre lo ocurrido fueron suficientes para ser acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos, por lo que le fue dictado auto de formal y recluido en el entro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit. Ahí las torturas siguieron con choques eléctricos en los genitales, golpes, asfixia con chorros de agua, humillaciones. “Fue un infierno. Esos recuerdos estarán siempre en mi memoria. El daño que me hicieron me ha marcado la vida”, dice Ángel.
Un año y medio después, Ángel pudo hacer la primera llamada hacia Honduras. Decidió buscar los medios para conseguir su libertad. El licenciado Soriano, como recuerda a su compañero de prisión, le dijo que Amnistía Internacional podía tomar su caso. Como pudo, envió una carta explicando su situación y pidiendo ayuda. Así es como el Centro de Derechos Humano Miguel Agustín Pro tomó el caso.
La renuencia a investigar la tortura
El mayor obstáculo, explica el abogado Luis Tapia, fue la acreditación de la tortura a través del protocolo de Estambul aplicado por peritos independientes. El juez solicitó expertos a una universidad, al sector salud y a la PGR, sin que nadie respondiera hasta después de un año. Cuando al fin la consiguieron, la perito argumentó que Ángel “no entendía el español”, pues su lengua materna es garífuna, por lo que “entramos en un callejón sin salida”, dice Tapia. El Centro Pro tuvo que pagar a expertos independientes de Honduras para poder realizar la prueba fundamental en la defensa.
El caso de Ángel, dice Erika Guevara Rosas, directora del programa de Amnistía Internacional para América, “es un claro ejemplo de la falta de medidas de la Procuraduría General federal para documentar debidamente los casos de tortura. Las autoridades mexicanas tienen que reconocer de manera más general el valor probatorio de los exámenes realizados por peritos independientes. Con ello darían un primer paso para mejorar el sombrío historial de impunidad del país con respecto a la tortura y los malos tratos”.
Y es que AI ha documentado estas resistencias en su informe más reciente “Fuera de control: Tortura y malos tratos en México”, pues “a la mayoría de las posibles víctimas no se les aplica nunca al dictamen especializado de la PGR. Desde 2010, la CNDH ha recibido más de siete mil denuncias de tortura y malos tratos, pero desde 2002 la PGR ha llevado a cabo menos de 500 de estos dictámenes”.
Ángel es un ejemplo de ello. Luego de acreditar que su declaración sucedió bajo tortura y sin mayores pruebas, la PGR tuvo que reconocer la inocencia del hondureño y el 15 de octubre fue liberado. “Sentí que me había liberado de una carga”, dice y pese a lo sucedido, “decidí perdonar a los que me hicieron mucho daño. Difícilmente se me va a olvidar, pero tendré que aprender a vivir con eso”.
Aunque le espera otro largo camino legal, Ángel exige la reparación del daño, no por una cuestión económica sino buscando el compromiso del Estado Mexicano para la no repetición de casos como el suyo. El equipo legal del Centro Pro emprenderá el litigio de reparación del daño contra la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, más todas las autoridades que dictaron auto de formal prisión y quienes lo confirmaron.
Guevara Rosas advirtió que “las autoridades mexicanas pueden y deben tomar aún más medidas para garantizar que ni la policía ni el ejército recurren a la tortura y que todas las denuncias de tortura se investigan con rapidez y exhaustividad. No pueden permitir que injusticias como las cometidas contra Ángel vuelvan a repetirse”.
En los últimos dos días, Ángel ha contestado decenas de entrevistas; ha repetido su historia a quien se lo pregunta, pero es parte de su agradecimiento por estar en libertad. Luego piensa visitar casas de migrantes del país para hablar con sus compatriotas y luego, regresará a su país para hacer servicio a la comunidad porque “la sociedad hondureña me necesita. Esto que me pasó no me va a limitar a seguir siendo activista, defensor de los derechos humanos y de los derechos culturales y territoriales del pueblo garífuna”, de donde es originario.
Ese infierno que dejó atrás tampoco lo va a limitar para recuperar su vida. Aunque su hijo mayor, Ángel, falleció a causa del cáncer, Amílcar tiene esperanza y está ansioso de reencontrarse con sus dos hijos y su esposa en los próximos días para regresar juntos a Honduras.
