Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, estaba nominado.
(Luis Ignacio / NVI Noticias)
El fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, presentó ayer su renuncia al cargo luego de que desde el inició de la presente administración se especulara sobre su relevo, a pesar de que le faltaban 28 meses para concluir con el plazo establecido en la Constitución local.
Este es la segunda renuncia que se presenta de funcionarios de alto nivel que supuestamente la ley protegía en el desempeño de su encargo más allá de loa avatares de un sexenio, luego de que el 12 de marzo del año en curso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, solicitará licencia por tiempo indefinido, también en medio de rumores sobre su dimisión.
De acuerdo a la reforma al artículo 95 constitucional, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de junio del 2015, el fiscal general del estado durará cuatro años en su cargo y será elegido por el Congreso del estado de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo someterá dentro de los 20 días siguientes a partir de la ausencia definitiva del fiscal.
Agrega que el Congreso elegirá al fiscal general del estado previa comparecencia de las personas propuestas por la mayoría de los diputados presentes. En sus recesos, -como es el caso-, la Diputación Permanente convocará a un periodo extraordinario en el improrrogable plazo de 10 días hábiles para elegir al fiscal general.
En caso de que la legislatura no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna designe el gobernador del estado.
Si el Congreso del estado rechaza la terna propuesta o no hace la designación en los plazos establecidos, ocupará el cargo la persona que dentro de la terna propuesta designe el gobernador del estado.
Subraya que el fiscal general del estado dejará de ejercer su cargo por renuncia o podrá ser removido por el Ejecutivo por las causales de responsabilidad en los casos previstos en el título séptimo de la Constitución, y la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del estado dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones, si el Congreso no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción.
Carrillo Ruiz fue electo fiscal general por el Congreso del estado en agosto del 2015, por lo que apenas había cumplido 18 meses en el cargo, de los 48 que le correspondían.
