Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el ex presidente, Felipe Calderón,
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Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el ex presidente, Felipe Calderón, presionó a jueces para encarcelar a presuntos culpables, con lo que contribuyó al registro de 100 mil reclusos que todavía no reciben sentencia, y la consecuente sobrepoblación carcelaria de 26 por ciento que presenta el país.
En el documento se señala además que el ex mandatario “es un ejemplo de presiones al Poder Judicial por sus críticas a los jueces durante su administración”.
El organismo internacional precisa en su reporte sobre Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, que en la región existe una fuerte influencia que ejerce la opinión pública y altos funcionarios ejecutivos sobre las autoridades judiciales.
“Como ejemplo de este tipo de presiones provenientes de altos funcionarios de otros órganos del Estado hacia el Poder Judicial, en México el anterior Presidente de la República (Felipe Calderón) tenía la práctica de criticar públicamente a los jueces que actuaban en determinados casos de alto perfil mediático.
“En sus pronunciamientos el mandatario asimilaba a ‘impunidad’ la excarcelación por parte de jueces estatales y federales de personas detenidas por autoridades federales, obviando deliberadamente el hecho de que tales decisiones judiciales no constituían una determinación definitiva en esos procesos”.
Apuntó la Comisión que Calderón decidió lanzarse contra los jueces cuando se desmoronaron casos de alto impacto como la aprehensión de Jorge Hank Rhon y el llamado michoacanazo.
Otro de los factores relevantes que incide en que la prisión preventiva no sea utilizada excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar, lo constituyen las injerencias sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta medida.
La CIDH destaca que México es el tercer país de América con mayor número de presos (242 mil), pero 40 por ciento, es decir 100 mil personas, no tiene condena, y esa situación se agudiza, precisamente, por las presiones externas al sistema judicial, provenientes de actores políticos.
“La CIDH observa que la posición oficial de muchos estados es asimilar o reducir el fenómeno de las presiones indebidas hacia la función de los jueces a la comisión de un delito o una falta, cuando no necesariamente son conceptos equiparables.
En el referido informe, se da cuenta de declaraciones de Calderón Hinojosa, como en 2011, cuando dijo estar “cansado” de que los jueces liberaran a personas detenidas por las autoridades federales, bajo el argumento de que el Ministerio Público no presenta las pruebas suficientes para inculparlas.
Cuestionado acerca de por qué en 2010 un juez de Nuevo León dejó libre a uno de los hombres que el 25 agosto atacaron el casino Royale, Calderón expresó: “Yo también me pregunto por qué salió ese señor. Y esa es la lacra de la impunidad que tenemos que combatir. Hay una enorme distancia entre la verdad real y entre lo que los jueces conocen como la verdad legal”.
El informe de la CIDH pone de ejemplo otra declaración de Calderón sobre los jueces:
“No es que yo traiga algo contra los jueces, los aprecio, pero uno se cansa… Ahí hay un lío con impunidad, dicen que puede ser en nuestros órganos (la PGR o la Policía Federal), pero yo creo que el Poder Judicial, local y federal, tiene mucho que mejorar en este aspecto”.
Para la CIDH “este es un claro ejemplo del tipo de mensaje político que contribuye a construir una percepción pública de impunidad mediante el argumento de una ‘puerta giratoria’ (la policía detiene a los delincuentes y los jueces los dejan en libertad), y envía un mensaje político por medio del cual pretende trasladar la responsabilidad de la criminalidad al Poder Judicial”.
El informe de la CIDH también se refiere a la PGR, diciendo que “también es de conocimiento público que la PGR ejerce una fuerte persecución como medida de presión hacia jueces que adoptan decisiones que le son contrarias en casos relacionados con delincuencia organizada”.
Los datos
La capacidad carcelaria en México es de 188 mil plazas
México tiene un nivel general de hacinamiento del 26 por ciento
Cuatro de cada diez presos no están condenados (poco más de 100 mil personas)
En los 419 centros penitenciarios de México hay aproximadamente 242 mil personas
El 95 por ciento son hombres y el 5 por ciento mujeres
Ocho de cada diez presos son del fuero común y dos de cada diez del federal
Durante los últimos cinco años, más de mil internos se han fugado de las prisiones mexicanas y alrededor de 600 han perdido la vida.
