En un efectuado operáticopor la Dirección General de Tránsito del Estado, en coordinación con la Policía Preventiva Estatal, el delegado de la instancia en Pochutla, Emilio Felipe Jiménez Guzmán, fue detenido en calidad de presentado, tras autorizar la circulación de 23 unidades de alquiler sin concesión, mismas que fueron incautadas.
Por. Roberto Agustiniano Domínguez
San Pedro Pochutla. Oax.-En un efectuado operáticopor la Dirección General de Tránsito del Estado, en coordinación con la Policía Preventiva Estatal, el delegado de la instancia en Pochutla, Emilio Felipe Jiménez Guzmán, fue detenido en calidad de presentado, tras autorizar la circulación de 23 unidades de alquiler sin concesión, mismas que fueron incautadas.
Cabe mencionar que los vehículos, entre los que se encuentran unidades de Zipolite, fueron asegurados, pues no contaban con la concesión correspondiente, en su lugar portaban permisos provisionales para circular expedidos por la delegación de tránsito.
Sin embargo, de acuerdo con el Código Penal capítulo cuarto, Del Tráfico De Concesiones Y Permisos Del Servicio Público De Transporte, servidores públicos que permitan circular automóviles que presten servicio de taxis o servicio mixto de pasaje y carga, sin la concesión correspondiente expedida por el poder ejecutivo del Estado, se harán acreedores de 2 a 10 años de prisión.
Por ello, tras el operativo, el delegado de transito Emilio Felipe Jiménez Guzmán fue puesto a disposición de las autoridades en calidad de presentado, y se espera que en las próximas horas.
Entre las unidades que fueron aseguradas por personal de la Dirección de Tránsito se encuentran taxis de los sitios de Zipolite y camionetas del Servicio Mixto de Pasaje y Carga y fueron trasladadas al encierro oficial en ésta ciudad.Hasta las tres de la mañana del día de hoy, después de una declaración por cada uno de los choferes presentados se retiraron a sus domicilios; así mismo el delegado a quien se le acusa directamente como el servidor público que autorizó permisos particulares a unidades de motor del servicio público.
De acuerdo al Código Penal y Procedimientos Penales, en su artículo 240 BIS, en su capítulo cuarto sobre tráfico de concesiones y permisos del servicio de transporte, los servidores públicos que permiten circular automóviles que presten servicio público con permiso particular se harán acreedores de una sentencia de dos a 10 años de prisión y hasta 500 salarios mínimos.
Después de sus declaraciones, los choferes y el delegado de tránsito de ésta ciudad quedaron en calidad de proceso de investigación, además se citaran a otras personas que son indispensables para la investigación de la correspondiente averiguación previa que el representante social inició desde la tarde de ayer.
