El licenciado Wilfrido Cruz, titular de la Visitaduría Regional de la Defensoría de los Derechos Humanos de los pueblos de Oaxaca, pidió al Congreso del Estado iniciar el procedimiento administrativo contra las autoridades municipales de San Pedro Pochutla que encabeza Enrique Ensaldo Martínez.
Por. Daniel PÉREZ
Santa Cruz Huatulco.-El licenciado Wilfrido Cruz, titular de la Visitaduría Regional de la Defensoría de los Derechos Humanos de los pueblos de Oaxaca, pidió al Congreso del Estado iniciar el procedimiento administrativo contra las autoridades municipales de San Pedro Pochutla que encabeza Enrique Ensaldo Martínez.
Wilfrido Cruz explicó que el Congreso del estado, de acuerdo a sus facultades, iniciaría un procedimiento administrativo contra Enrique Ensaldo Martínez, presidente municipal de San Pedro Pochutla, del síndico Alfredo Rodríguez Ricardez y de los regidores, Mario Jiménez Gopar de Reglamentos y Espectáculos; de Mercados, Reynaldo Marcelo Pacheco Sierra y de Armando Rodríguez, de Vialidad.
Lo anterior por no cumplir con la medida cautelar emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de los pueblos de Oaxaca, ya que las autoridades municipales de San Pedro Pochutla se comprometieron a no hostigar a vendedores ambulantes fijos y semifijos, es decir, no impedirles desarrollar su actividad comercial además de abstenerse a cometer actos que atentaran contra la integridad física de los vendedores informales, en tanto no se resolviera el expediente que estaba en trámite.
Sin embargo, Derechos Humanos detalla que las autoridades municipales aceptaron la medida cautelar pero no la cumplieron, pues siguieron hostigando a los vendedores ambulantes con la Policía Municipal. De hecho no han dado respuesta al organismo autónomo respecto al pronunciamiento que le notificaron el pasado 24 de abril del cual tenían diez días hábiles para contestar.
Wilfrido Cruz dijo que el plazo venció el pasado nueve de mayo por lo que, al no haber respuesta a la Defensoría de los Derechos Humanos se solicitó procedimiento administrativo contra las autoridades municipales de San Pedro Pochutla para que sea el Congreso, el encargado de llamar a cuentas a Enrique Ensaldo y sus colaboradores, así como regidores que involucrados.
La denuncia en Derechos Humanos
El expediente número 15/2012, se inició por la queja presentada el 13 de enero del presente año por vendedores ambulantes contra las autoridades municipales y elementos de la Policía Municipal de San Pedro Pochutla.
De inmediato Derechos humanos pidió un informe a las autoridades municipales y emitió una medida cautelar para que se abstuvieran de causar actos de molestia contra los vendedores informales en tanto no se dictaba la resolución correspondiente.
Luego de que se estudiaran las pruebas, el organismo determinó que existían posibles violaciones a las garantías individuales pero a falta de respuesta de las autoridades municipales, se pidió al congreso iniciar un procedimiento administrativo, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado la averiguación previa contra elementos de la Policía Municipal y su jefe inmediato.
En su momento, vendedores ambulantes se manifestaron contra las autoridades municipales “Los ladrones están en el palacio municipal, soy vendedor ambulante pero honrado”, “Ensaldo Fuera nos discriminas porque somos pobres”, “Yo no tengo sueldo de regidor necesito trabajar porque soy pobre, Ensaldo muera por traidor”, “Fuera ratas del municipio los ambulantes te repudian, fuera policías municipales”, señalaban algunas de las cartulinas en alusión a la política de trabajo que viene implementando el presidente de ese lugar.
Francisco García Martínez dijo que el presidente Enrique Ensaldo está utilizando a la Policía Municipal para crear un clima de terror e incertidumbre contra los vendedores ambulantes que expenden sus productos de comida y de aguas frescas sobre la avenida principal que conduce al palacio de esa ciudad.
El representante de dicho gremio señaló que durante la presente administración han sido blanco de hostigamientos amenazas y represiones de parte del presidente municipal Enrique Ensaldo, quien envía a los policías municipales para robarles sus productos y decomisarles sus triciclos.
