Un auténtico suspiro, de apenas 11 meses, fue lo que tuvo de vida el Partido Humanista (PH).
Crónica.- Su registro como tal se dio el 9 de julio de 2014, y su acta de defunción será expedida en las próximas semanas. Alcanzó apenas 2.14 por ciento de la votación nacional, cifra muy lejana al 3.0 por ciento exigible por la ley. El edificio sede del PH, ubicado en la calle Luz Savignon 1558, colonia Del Valle, da la apariencia de que ahí se realiza un funeral.
Los escasos trabajadores que hay en el interior del edificio de tres pisos saben que sus empleos llegarán a su fin apenas concluya el Tribunal Electoral el desahogo de las impugnaciones sobre los comicios del domingo 7. El ambiente sepulcral es evidente en el edificio en que, literalmente, “no se paran ni las moscas”.
Por disposición de ley, debido a la intervención de que ya fue objeto el partido, los trabajadores y dirigentes de rangos bajo y medio que por casualidad desfilaron ayer por el edificio, prácticamente “no pueden mover ni una caja y menos una computadora”.
Todo esto en tanto el Tribunal finaliza el análisis de las quejas electorales y se encuentre en posibilidad de dar las cifras definitivas de los comicios. Pase lo que pase, sin embargo, nada salvará de la desaparición al PH.
Un interventor designado -sorteado de acuerdo a la ley por el INE-, será quien funja como “sepulturero”.
Este funcionario se encuentra ya listo para iniciar el proceso de liquidación y su primera tarea consiste en asegurar o “congelar” las cuentas bancarias del instituto político, que a partir de ahora no podrá realizar más pagos o transacciones a su libre albedrío.
Entre los bienes que este partido deberá poner a disposición de la autoridad, se encuentran el edificio rentado en la colonia Del Valle, un número por determinar de vehículos, oficinas en diversas entidades del país, cuentas pendientes por pagar a proveedores, y personal que será liquidado conforme a la ley vigente.
De acuerdo al artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, la Junta General Ejecutiva del INE será la encargada de emitir la declaratoria de pérdida de registro, con base en los resultados del cómputo de los votos y las resoluciones del Tribunal Electoral.
Por mandato del artículo 97 de la misma ley, el interventor tendrá que autorizar cada gasto que realice el partido hasta que se declare si éste perdió o no el registro. Y cuando se confirme, se encargará de determinar las obligaciones laborales, fiscales, y con proveedores y acreedores que tiene el partido en liquidación.
El interventor determinará el valor de los bienes del partido y procederá a la venta de los mismos, a fin de contar con el efectivo necesario para liquidar en primer lugar a los empleados, en segundo las obligaciones fiscales, y tercero lo que se deba a proveedores y acreedores.
