Rogerio Antonio Ramírez Buy, ha sido señalado por valerse de sus relaciones políticas para evadir la justicia. En la imagen aparecen dos de los abogados que además de llevar su defensa en el año 2009, eran trabajadores del ayuntamiento.
• Dicta juez sentencia y lo condena a un año y medio de prisión, así como a reparar los daños a la paciente afectada
Por. Patricia Pacheco
Rogerio Antonio Ramírez Buy, ha sido señalado por valerse de sus relaciones políticas para evadir la justicia. En la imagen aparecen dos de los abogados que además de llevar su defensa en el año 2009, eran trabajadores del ayuntamiento.
SAN PEDRO POCHUTLA.- Con una inminente sentencia condenatoria hacia el médico y ex funcionario municipal Rogerio Antonio Ramírez Buy, por incurrir en negligencia médica en agravio de una joven mujer a la que dejó secuelas médicas irreparables; se cierran tres años de un emblemático proceso penal, caracterizado por la dilación judicial y el tráfico de influencias.
A partir de una valoración integral de las pruebas documentales y testimonios presentados por las partes involucradas, el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Pochutla, determinó el pasado 17 de junio que una vez comprobada su culpabilidad, el galeno tendrá que cubrir un monto por la reparación de daños a la salud de Blanca Estela Alberto López en los próximos días, o en caso contrario, purgará una sentencia de un año y seis meses en el reclusorio de esta ciudad.
A poco más de tres años de que Ramírez Buy practicara erróneamente una cesárea Blanca Estela Alberto, quien contaba solo con 17 años, y le ocasionara daños físicos de por vida, el galeno fue considerado por el juzgador como “autor material” del delito culposo de lesiones con la agravante de responsabilidad médica, hecho por el que además, tendrá que acatar la suspensión de la licencia para ejercer su profesión, durante seis meses.
El doctor Buy fue sentenciado a 1 año y seis meses de prisión y a pagar los daños ocasionados a la salud de Blanca Estela, valuados en poco más de 339 mil pesos.
Cabe mencionar que la pena estipulada equivale a una cuarta parte de la condena (seis años), por tratarse de un delito mayor, y según se inscribe en la sentencia, el procesado tendrá que pagar adicionalmente una fianza de nueve mil pesos ante la instancia correspondiente.
Sentencia “tibia”
Una vez enterados de la resolución del juez, familiares de la afectada dijeron sentirse aliviados “porque al fin se hará justicia en el caso”, sin embargo consideraron que se trató de una sentencia “tibia”.“Pensamos que se trata de un gran aliciente para la familia el que haya sido dictada la sentencia, sin embargo, sentimos que la condena fue insuficiente por el grado de afectaciones que provocó a Blanca, y quizá hubiera sido mejor que le suspendieran definitivamente la cédula profesional para que no dañe a más gente”, manifestó Perla Alberto Ziga, tía de Blanca Estela.
“Aunque el juez solicitó la reparación de daños, no contempló los gastos realizados en medicamentos, alimentación, tratamientos, y erogaciones por viajes a la capital del estado y la Ciudad de México para valoraciones médicas”, agregó.
Perla Alberto mencionó que el proceso podría seguir su curso solo en caso de que Rogerio Ramírez apelara la sentencia, aunque adelantó que si eso sucediera, el juez ratificaría su fallo o aumentaría la penalidad hacia el galeno.
Los familiares de Blanca Estela Alberto, se quejaron de que la sentencia fue “tibia”, pues señalaron, ni siquiera la cédula le suspendieron.
Influyentismo e impunidad
Por su parte, Jorge Alberto Ziga, padre de la afectada, afirmó que con la emisión de la sentencia se cierra un desgastante ciclo de impunidad, en el que el también conocido como “doctor Buy” se valió del influyentismo de personajes relacionados con la política, cuando él mismo fungía como Regidor de Hacienda en el ayuntamiento.“Durante los tres años que duró el proceso, y debido a oscuros acuerdos, el doctor fue protegido por el ex presidente de Pochutla, José Manuel Ricárdez López, quien incluso instruyó a personal del ayuntamiento para que llevara su defensa”, explicó.
Y señaló que, aunque no era evidente su apoyo, también el actual diputado Héctor Pablo Ramírez Puga, al ser pariente del médico, empujó algunas negociaciones para que nos abstuviéramos de proseguir con el procedimiento legal, incluso mandaba emisarios para ello.
“Nosotros llegamos hasta el final de esto solo por evitar que se cometiera una injusticia, y para sentar el precedente de que si se puede, a pesar de la adversidad. Ojalá otras víctimas del doctor (acusado de violación por varias pacientes), se atrevan a denunciarlo y evitar más desgracias”, finalizó el condolido padre.
