Al parecer la ciudadanía ha decidido denunciar este tipo de actos, en los que los funcionarios públicos cobran servicios que la ley marca como gratuitos, provocando corrupción en las instituciones.

15 de agosto, al MP de delitos contra la mujer
REDACCIÓN

Ciudad de Oaxaca.- Al parecer la ciudadanía ha decidido denunciar este tipo de actos, en los que los funcionarios públicos cobran servicios que la ley marca como gratuitos, provocando corrupción en las instituciones
Ante la oficina de la Secretaría Particular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se presentó una mujer, quien colocó una queja ante el Procurador de Justicia, debido a que tras realizar una denuncia en la Subprocuraduría de Delitos en contra de la Mujer por razones de Género, un agente del Ministerio Público se negó a tomarle la querella correspondiente, pues le exigían dinero para ser atendida.
Eloísa Hernández Guzmán envió un oficio recibido y sellado por la Oficina particular, dirigido al procurador General de Justicia, Manuel de Jesús López López, debido a que la ofendida, al acudir a la Subprocuraduría de atención a Delitos en contra de la Mujer, por razones de Género, en donde iba a interponer una denuncia penal, debido a unos problemas familiares, fue atendida de una manera prepotente.
Mencionó que al llegar a las oficinas de la Subprocuraduría fue atendida por el licenciado Luis Fernando Cotero Canseco, quien le preguntó qué era lo que se le ofrecía y la víctima le dijo que quería presentar denuncia penal, debido a que tenía problemas, ante lo que el funcionario le dijo que se esperara un rato.
Tras un par de horas, Cotero Canseco la llevó a un privado y le dijo que tenían mucho trabajo y si traía dinero “se podían entender”, ya que tenía que hablar con sus jefes, para que fuera agilizada la Averiguación Previa, pues de lo contrario, tendrían que esperar o regresara cuando consiguiera el efectivo.
Debido a este hecho, la mujer pidió por medio del oficio que el Procurador General de Justicia del Estado, tome las medidas disciplinarias en contra del funcionario público que cobra por trámites gratuitos.