El sábado pasado, casi a la misma hora en que Diódoro Carrasco salía de las oficinas del gobernador Gabino Cué, Benjamín Hernández Montoya, el Cara Sucia, le aseguró a un amigo: “Ni te preocupes, lo de los títulos es un asunto menor. Pronto, ni quién les haga caso”. La tarde del lunes siguiente, el Gobernador le tomaba protesta como Coordinación General de Proyectos.
Por. Cristina Arias Speer
Ciudad de Oaxaca.- El sábado pasado, casi a la misma hora en que Diódoro Carrasco salía de las oficinas del gobernador Gabino Cué, Benjamín Hernández Montoya, el Cara Sucia, le aseguró a un amigo: “Ni te preocupes, lo de los títulos es un asunto menor. Pronto, ni quién les haga caso”. La tarde del lunes siguiente, el Gobernador le tomaba protesta como Coordinación General de Proyectos Estratégicos al Lic. José Antonio Estefan Garfias, compadre de Diódoro y Coordinador de Planeación para la Transformación Económica y Social del Estado de Oaxaca en la campaña del priísta Eviel Pérez Magaña. Lo que no sabíamos es que el plan para derogar el pequeño “error” –según el presidente del CDE del PAN- de exigir “título profesional, cédula o equivalente” a los funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, estaba en marcha.
Para concretarlo, el miércoles pasado, el diputado panista, Luis de Guadalupe Martínez, subió a la tribuna de la cámara de diputados para denunciar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo crea una desigualdad de oportunidades entre los oaxaqueños. Al día siguiente, el presidente de su partido argumentó que había títulos sin buenos “profesionistas” y buenos “profesionistas” sin título, como el panista Alfredo Ahuja Pérez, un buen administrador público que –según Carlos Moreno Alcántara- cometió el “error” de comprar un título y una cédula falsificados, para ostentarse como licenciado en Psicología, por lo que él condenaba “desde luego, el error, pero no a quien yerra”.
Pasados varios días, después de las veinticuatro horas de plazo que el gobernador Gabino Cué dio a los funcionarios de su gabinete para presentar su título o la renuncia, muchos de ellos solo presentaron constancias de estudio, pero no el apetecido papel. En esa tesitura están Salomón Jara, con un documento del IPN y Benjamín Robles Montoya, con otro curioso escrito que lo acredita como estudiante de la maestría en Derecho en la Universidad del Valle de México, pero no presenta el título de licenciatura; de haberla estudiado, lo más seguro es que nunca se tituló, por lo que no obtuvo cédula profesional alguna y, al no haberse titulado en la maestría, tampoco puede presentar cédula.
El de Benjamín Robles es como el caso de Fausto Alzati, aquel secretario de Educación Pública, en el régimen del presidente Zedillo, que pasó a la historia de la burla como el famoso “Falzati”. El señor terminó la licenciatura, pero no se tituló; estudió la maestría, tampoco se tituló; concluyó el doctorado en Harvard, pero no presentó el examen profesional. Regresó a México y firmaba como “doctor Alzati”. Legalmente, el señor solo podía comprobar haber concluido la preparatoria, no podía ostentarse como licenciado, maestro y mucho menos doctor. Con la presión pública, Alzati renunció al cargo.
En México, como en todos los países, el título profesional solo se obtiene presentando un examen profesional; si no se presenta, el interesado es un ciudadano o un señor –que en cualquier lugar es un verdadero honor. Incluso, la Ley de Ejercicio Profesional del estado de Oaxaca, en el artículo 22, establece: “En términos de esta Ley y su reglamento, queda prohibido a toda persona que sin tener título profesional, cédula o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, se atribuya ese carácter, ejerza o suscriba como tal, cualquier documentación… Así mismo queda prohibido a los empleados y servidores públicos suscribir documentos públicos ostentando una profesión sin tener título legalmente expedido que acredite la misma.”
Los focos rojos de don Benjamín Robles Montoya debieron prenderse, ante la magnitud de la inconformidad ciudadana. Una maestría inconclusa, no genera en automático un título profesional. El Cara Sucia es el caso concreto de un verdadero Falzati en Oaxaca.
Como los diputados convergentes, junto con los priistas, fueron los más acérrimos opositores a la “dispensa” otorgada a la secretaria general de Gobierno. Benjamín Robles sabía que por ahí era casi imposible derogar o modificar la fracción III del artículo 14 de la Ley Orgánica. Qué drama para los panistas históricos, que haya escogido a los diputados panistas de última hora, para promover sus intereses. Ellos fueron los escogidos para hacer el ridículo de promover el retroceso en la profesionalización de la administración pública y Luis de Guadalupe se convirtió en el vocero de los irresponsables. Terrible mensaje de los neopanistas para la juventud oaxaqueña: “¿Para qué estudian, si las cuotas partidistas resuelven todo?”
Por fortuna para los oaxaqueños, inmediatamente el gobernador Gabino Cué aseguró que “no habrá modificaciones a la Ley Orgánica que exige a los funcionarios de la administración pública estatal estudios profesionales con cédula, título o su equivalente.” Mantener su palabra es un acto de verdadera congruencia personal y honestidad profesional. Las leyes no se hacen para satisfacer intereses personales, ni pueden ser violadas para satisfacer cuotas partidistas. Doña Irma Piñeiro, esa mujer que proclamó primero ser socióloga de Chapingo, ahora de la UNAM y argumenta haber sido “perdonada” por la cámara de diputados, don Salomón Jara Cruz y don Benjamín Robles Montoya debían anteponer el prestigio y el buen nombre del gobierno estatal, antes que su bienestar personal y las cuotas de partidistas para integrar el gabinete. En aras de la congruencia del Gobernador y la credibilidad del Gabinete del Cambio por la Paz y el Progreso, los falzatis de Oaxaca deben renunciar.
