La policía y efectivos de las fuerzas armadas patrullan las calles del barrio de West Point, que ha sido acordonado para asegurar que se cumpla la cuarentena impuesta por el gobierno.
diarios-argentinos.com
El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una investigación contra el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por presuntas irregularidades cometidas en el Partido de la Costa con la construcción de viviendas y escuelas. Pollicita hizo lugar al planteo formulado por Marcos Alfredo García, concejal por el partido “A Toda Costa”, patrocinado por el abogado Ricardo Monner Sans en relación con presuntas maniobras fraudulentas en el denominado Plan Federal de Viviendas. La causa quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, el mismo que ya procesó a Boudou en el marco de la causa Ciccone y lo investiga además por presunto enriquecimiento ilícito El fiscal promovió la investigación ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito, y para ello pidió medidas de prueba que acrediten o descarten la acusación que formuló el concejal. “Será objeto de investigación en autos la existencia de maniobras fraudulentas presuntamente cometidas con fondos del Plan Federal de Viviendas asignados por el gobierno nacional para la construcción de 484/6 casas y dos escuelas en el Partido de la Costa”, sostuvo el fiscal. La denuncia es porque en 2005 De Jesús y Boudou, cuando era ministro de Hacienda del Partido de la Costa, le otorgaron a la empresa Cantera FC S.A. 20.799.600 de pesos para la construcción de las viviendas y de las casas y luego ampliado por otros seis millones pero no concluyeron las obras, sino que dos años después las obras no se terminaron y la empresa entró en convocatoria de acreedores. De Vido fue denunciado porque como ministro de Planificación Federal fue quien autorizó los fondos para el plan de viviendas. “En atención a los términos, gravedad y verosimilitud de la denuncia, en el entendimiento de que existe motivo suficiente para presumir que en la Municipalidad del Partido de la Costa habría material vinculado a la investigación del delito, resulta indispensable ordenar el registro del lugar”, propuso Pollicita. En ese contexto, el fiscal pidió nueve medidas de prueba para avanzar en la causa. Entre ellas, la declaración del denunciante, el concejal García, para que aporte mayores precisiones sobre los hechos; los expedientes de la licitación; diferente documentación sobre la empresa Cantera, entre otras.
