Se empieza a discutir la idea de despenalizar el consumo de sustancias ilícitas en Colombia.
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Por: Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga de la Universidad de los Andes 31 de mayo de 2013 Drogas. Llegó la hora de hablar del consumo
Para nadie es un secreto que Colombia viene de una lucha de más de treinta años contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados ilegales que se financian de la producción y tráfico de drogas ilícitas, principalmente la cocaína. Las herramientas que se han utilizado en esta guerra contra los carteles han sido, primordialmente, de política criminal: la persecución de los líderes y demás miembros de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, la detección y destrucción de laboratorios y ‘cristalizaderos’ que se utilizan para el procesamiento de la cocaína, la incautación de envíos de drogas al exterior, etc.
Los avances recientes en la lucha contra el narcotráfico son innegables. Después de que en 2007 se dejó de hacer tanto énfasis en destruir los cultivos y se empezaron a atacar eslabones más importantes de la cadena de producción, como los laboratorios y los envíos al exterior, la producción de cocaína neta ha caído en aproximadamente un 50 por ciento. Sin embargo, estos éxitos no implican que las herramientas y las instituciones del Estado que se han utilizado para enfrentar los problemas de la producción y el tráfico de drogas deban ser los mismos que los que se utilizan para enfrentar los de la demanda de sustancias ilegales.
Los extremos
La Comisión Asesora para la Política de Drogas entregó recientemente al Gobierno un primer documento en donde se plantean unos “lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas” que, a juicio de dicha entidad, deberían guiar las políticas del gobierno para enfrentar el creciente consumo de drogas en el país. Para hacerlo existen diferentes formas de regulación, que van desde la prohibición extrema ¿en donde el consumo es visto como un vicio moral o un delito¿ hasta las posturas libertarias que avocan por la legalización total sin ninguna restricción ni regulación de la producción, la comercialización y el consumo.
Desafortunadamente, los debates en torno a la manera de hacerle frente al consumo de drogas se han polarizado en estos dos extremos e ignoran una serie de opciones intermedias de regulación, que han mostrado ser más efectivas y menos costosas.
La mayoría de las opciones intermedias parte de unas bases que reconocen que el consumo de drogas puede causar muchos daños a la salud y que, para prevenirlo y tratarlo, se deben usar herramientas de salud pública y no de política criminal. Estos modelos promueven el uso de políticas de prevención para evitar que las poblaciones vulnerables caigan en la dependencia, y la aplicación de programas de atención, tratamiento y reducción de daño para tratar a los usuarios frecuentes o dependientes. Es errado pensar que los modelos que buscan la descriminalización (es decir, la eliminación de sanciones penales para los consumidores que no son no problemáticos) quieran promover el uso de esas sustancias. Lo que buscan es favorecer herramientas más adecuadas y eficientes para enfrentar un problema que es de salud y no criminal. Otra cosa es el consumo problemático de estupefacientes, en donde, por ejemplo, un consumidor comete delitos o actos violentos bajo los efectos de las drogas o roba para conseguir los recursos que sostienen su hábito. En estos casos se justifica el uso de herramientas de política criminal para sancionar los delitos cometidos, pero sin negar también la posibilidad de que estas personas tengan acceso a programas de atención y tratamientos de salud que busquen reducir su consumo problemático.
Los modelos de regulación intermedia no buscan fomentar ni ser tolerantes o indiferentes frente al consumo; buscan utilizar las herramientas adecuadas para enfrentar un problema que, en principio, es de salud. Otro beneficio de utilizar herramientas de salud pública y no de política criminal es que permitiría liberar recursos policiales y de procuración de justicia (fiscales, jueces, etc.) para combatir a las organizaciones criminales asociadas a la producción y tráfico de estupefacientes y que utilizan las ganancias de estas actividades para financiar sus aparatos criminales.
Descriminalización no significa legalización
Con la propuesta de descriminalización no se pretende argumentar que el consumo no hace daño o que no puede tener consecuencias negativas para la salud. Como en su momento lo manifestó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, y más recientemente la Comisión Mundial de Drogas, la criminalización y estigmatización de los consumidores debe terminar. Debería primar un enfoque de salud pública, que respete los derechos humanos de los consumidores y que vea a las personas que tienen una dependencia como individuos que necesitan atención del sistema de salud.
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