Una ola de indignación ha sacudido a la comunidad escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 22, ubicado en este destino turístico.
Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. 30 de enero de 2026.
Una ola de indignación ha sacudido a la comunidad escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 22, ubicado en este destino turístico. Padres de familia y tutores han alzado la voz para denunciar las prácticas arbitrarias y presuntamente delictivas del director de la institución, Gualberto Ortiz Hernández, a quien señalan de exigir “apoyos económicos” obligatorios, condicionando la entrega de documentación oficial al pago de dichas cuotas.
La gratuidad de la educación bajo asedio
Pese a que la normativa nacional establece la gratuidad de la educación pública, Ortiz Hernández ha instruido el cobro de cuotas bajo el eufemismo de “aportaciones voluntarias”. Sin embargo, la voluntariedad es inexistente: según testimonios de los afectados, la dirección del plantel utiliza la retención de boletas, certificados y cartas de buena conducta como mecanismo de coacción para forzar el pago.
Esta práctica no solo representa un abuso de autoridad, sino que constituye una violación flagrante al marco legal vigente en México.
El actuar de Gualberto Ortiz Hernández contraviene directamente los principios supremos de la nación y las leyes educativas estatales y federales:
– Violación al Artículo 3º Constitucional:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Al condicionar el servicio educativo o la entrega de documentos a un pago, se rompe el principio de gratuidad, convirtiendo un derecho humano en una mercancía.
* Ley General de Educación (Artículo 6º): Esta ley prohíbe expresamente el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo. Estipula que las donaciones o cuotas voluntarias “en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo” y mucho menos podrán condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o la entrega de documentación.
Código Penal: La retención de documentos oficiales propiedad del alumno (o sus tutores) para forzar un pago puede tipificarse como abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.
Desacato al Gobierno Estatal
La conducta del director del COBAO 12 desafía abiertamente la política establecida por el actual Gobierno del Estado de Oaxaca. El Gobernador ha sido enfático en reiteradas ocasiones: “Se acabaron las cooperaciones forzosas”. La administración estatal ha instruido cero tolerancia a los directivos que vean en las escuelas una caja chica, subrayando que la falta de recursos no debe subsanarse mediante el bolsillo de las familias oaxaqueñas, y mucho menos mediante la extorsión.
Un “robo descarado”.
Los padres de familia califican la situación como un robo descarado. El hecho de que una autoridad académica retenga documentos que acreditan el esfuerzo y la trayectoria de los estudiantes para lucrar, no solo es ilegal, es inmoral.
Al condicionar la liberación de papeles oficiales —indispensables para que los jóvenes continúen sus estudios universitarios o trámites personales— Gualberto Ortiz Hernández incurre en una práctica coercitiva que vulnera el derecho a la educación y al desarrollo de los estudiantes. La comunidad de Huatulco exige la intervención inmediata de la Dirección General del COBAO y de la Fiscalía del Estado para frenar estos abusos y sancionar a quien hoy, lejos de dirigir, obstaculiza el futuro de los jóvenes.
