La actual legislatura debe llamar a cuentas a los magistrados y exigirles una explicación de que está sucediendo y porque siete magistrados actualmente ejercen como tal con un amparo bajo el brazo.
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*Ellos fueron nombrados magistrados del tribunal Electoral del Poder Judicial en el 2011 y se debieron de haber ido en el 2016 cuando el Senado nombró a los magistrados del hoy Tribunal Electoral de Oaxaca pero ilegalmente fueron enviaos a la Sala de Asuntos Indígenas y Quinta Sala Penal y en la Sexta Sala Penal
*Hoy se ampararon mediante argumentos leguleyos para seguir como magistrados a pesar de estar fuera de la ley
Los magistrados Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, René Hernández Reyes, Narcico Abel Alvarado Vásquez y Tito Ramírez González concluyeron su periodo en el 2016 cuando desapareció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, pero ilegalmente los dejaron como tales acomodándolos en distintas salas sin que los nombrara el Congreso como lo marca la Constitución General del Estado.
En el 2016 desapareció el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ellos habían sido nombrados para formar parte de este organismo, pero por la Reforma Política en el 2016 se creó el Tribunal electoral de Oaxaca y sus integrantes fueron nombrados por el Senado de la República.
En ese momento los referidos magistrados concluían con su tarea y por lo tanto ya no tenían nada que hacer en el Tribunal Superior de Oaxaca, sin embargo, ilegalmente fueron absorbidos a salas distintas sin que fueran nombrados como magistrados.
En caso de existir algún documento al respecto es ilegal, pues se tendría como un acuerdo a espaldas del pueblo de Oaxaca, fuera de la ley, pero además sería un nombramiento sobre otro nombramiento, lo que resultaría responsabilidad penal y moral a los responsables.
La actual legislatura debe llamar a cuentas a los magistrados y exigirles una explicación de que está sucediendo y porque siete magistrados actualmente ejercen como tal con un amparo bajo el brazo, como aquellos legendarios rateros que cuando la policía los detenía ya llevaban este documento bajo el brazo.
El comportamiento de estos magistrados es delincuencial, porque quieren seguir disfrutando de las mieles del cargo al margen de la ley, por la fuerza.
Pero esto es grave, porque sus actos, los documentos que firman, los casos que revisan, los coloca fuera del Estado de Derecho, como porros del debido proceso, asaltantes de leyes y normas.
Aquí les resulta responsabilidad a quienes ocuparon en ese lapso la presidencia del Poder Judicial, porque permitieron una ilegalidad, y no pueden argumentar desconocimiento de la ley porque se supone que ellos son unas chuchas cuereras en el manejo de las leyes.
Esto es muy grave que en la casa de las leyes, que en el templo donde se vela por el Estado de Derecho unos forajidos, delincuentes, sea los magistrados, los grandes maestros, y se presente como los omnipotentes ante un pueblo.
Pero resulta grave también que los encargados de cuidar la Suprema Carta de México les admitan sus amparos y los protejan en sus actos reclamados cuando estos están fuera de la ley.
Porque entonces hablamos de una complicidad, donde ya no son los hombres de la toga y el birrete con los códigos bajo el brazo, sino individuos apestosos, batidos en las aguas negras del dinero, comiendo en la misma batea y burlándose de la sociedad.
Somos una República que se integra con tres poderes, el Ejecutivo, legislativo y Judicial, pero este último en Oaxaca es la Cueva de Ali Babá y sus veinte ladrones, donde siete magistrados siguen ejerciendo como tal con sus amparos bajo el brazo como raterillos de barrio de aquellos tiempos de los 70.
Si el Poder Judicial está fuera del Estado de Derecho procede el juicio político y su desaparición Para recuperar la ley extraviada por un conflicto de intereses donde predomina la ambición económica.
