El Vaticano difundió nuevas leyes internas aprobadas por el Papa, una de las cuales introdujo sanciones a delitos como el abuso contra menores
Notimex
CIUDAD DEL VATICANO, 11 de julio.- El Vaticano difundió varias nuevas leyes penales internas aprobadas por el papa Francisco, una de las cuales introdujo sanciones específicas a delitos como el abuso contra menores.
La sala de prensa de la Santa Sede dio a conocer el contenido de un decreto (motu proprio) del pontífice y de tres leyes -la VIII, la IX y la X- que modificaron gran parte del sistema jurídico civil vigente en el “Estado más pequeño del mundo”.
Entre otras cosas las nuevas normativas definieron varias categorías de delitos contra los menores: venta, prostitución, enrolamiento, la violencia sexual, la pornografía infantil, la posesión de material pornográfico con menores y los actos sexuales con menores.
Además los documentos probados incluyeron otras innovaciones como la tipificación de delitos de lesa humanidad como el genocidio, el apartheid y la tortura.
Se determinó también abolir la sanción de la cadena perpetua, que fue sustituida por la pena de 30 a 35 años de reclusión.
Las innovaciones fueron introducidas en los códigos penales y de procedimientos vigente en El Vaticano desde el 8 de junio de 1929, fecha oficial de fundación del Estado pontificio tras la ratificación de los Tratados de Letrán, firmados con Italia.
Un proceso “normal” para el Vaticano
El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, consideró como un “proceso normal” la solicitud de comparecencia extendida por las Naciones Unidas (ONU) a la Santa Sede por el tema de los abusos sexuales a menores.
“Se trata de un proceso normal cuando un Estado firma una convención de la ONU que existan monitoreos cotidianos de comités para ver si se está cumpliendo y la Santa Sede dará curso a una respuesta”, dijo el sacerdote jesuita.
La víspera trascendió que el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños le envió al Vaticano una lista de peticiones de información sobre los casos de abuso infantil cometidos por miembros del clero, religiosos y religiosas.
Ese organismo se encarga de monitorear el respecto a la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que data de 1989 y también ha sido firmada por la Sede Apostólica.
Entre otras cosas el comité quiere saber “cuáles fueron las medidas puestas en práctica para que ningún sacerdote acusado de abusos sexuales esté autorizado para permanecer en contacto con niños”.
