El conflicto del transporte público entre el sitio de Barra de Copalita y la unión de taxistas de Bahías de Huatulco, que terminó en los bloqueos en San Miguel del Puerto en la carretera federal 200, provocó que los presidentes de Santa María Huatulco y San Miguel del Puerto, en compañía de Pedro Silva, Coordinador de Transportes del Estado (COTRAN) se reunieran para destrabar el problema con los líderes de las organizaciones en pugna.
Por. Hugo Ortega
Santa Cruz Huatulco.- El conflicto del transporte público entre el sitio de Barra de Copalita y la unión de taxistas de Bahías de Huatulco, que terminó en los bloqueos en San Miguel del Puerto en la carretera federal 200, provocó que los presidentes de Santa María Huatulco y San Miguel del Puerto, en compañía de Pedro Silva, Coordinador de Transportes del Estado (COTRAN) se reunieran para destrabar el problema con los líderes de las organizaciones en pugna.
Después de que el conflicto entre los sitios de Barra de Copalita y la unión de taxistas de Bahías de Huatulco no se resolviera por la vía del dialogo, el sitio Barra de Copalita, el pasado lunes inició el bloqueo de la carretera federal 200, por lo que el presidente municipal de Santa María Huatulco tuvo que solicitar la presencia del Presidente Municipal de San Miguel del Puerto, Pablo Rodríguez y al encargado de la COTRAN para destrabar el conflicto, ya que el municipio perjudicado con dicho conflicto es Santa María Huatulco, el destino turístico y la imagen de seguridad que requiere para su efectiva promoción.
En entrevista con el responsable de la COTRAN, Pedro Silva, se le cuestionó sobre las medidas que se tomarán por la retención de 5 vehículos del servicio público (taxis) por parte de los manifestantes del sitio Barra de Copalita, a lo que respondió que la ley es muy clara y podría derivarse la cancelación de las concesiones.
Por otro lado dichas concesiones, especifican el área de transporte, por lo que conmina a las partes a llegar a un acuerdo para no
obligar al gobierno del estado a actuar conforme a derecho, ya que los afectados serían los inconformes de Copalita, dado que la retención de los vehículos de transporte podría derivar en la cancelación de los concesionarios involucrados en actos ilícitos.
Como comentó, la COTRAN y el gobierno del estado buscan que las partes inconformes lleguen a acuerdos en los que los lazos de confianza se fortalezcan, por ello dará oportunidad de negociación, sin embargo no permitirán más bloqueos, ya que dañan la economía de particulares y la del estado, concluyó.
