Rafael Medero Marín padre de un menor de de 8 años denuncia a su ex esposa que labora en la contraloria de la ciudad quien por un asunto familiar utiliza el tráfico de influencias, para ocultar al menor desde hace meses
Diana Cristal González abogada del padre del niño denuncia burocracia por parte de la fiscalía de atención a delitos de niños y adolescentes al afirmar que aún cuando existen carpetas de investigación en curso estas no son investigadas dejándolas en archivo muerto
El señor Rafael Medero hizo un llamado a la de la Secretaría de la Contraloría General– ha para que su ex mujer sea sancionada de manera penal y administrativa para que le entregue al menor a quien no ve desde febrero pasado
En tanto la servidora pública de la contraloria lo ha acusado de diversos delitos y hasta cateos en su casa asegurando que a él le fabricaron dos carpetas de investigación por violencia intrafamiliar y retención de menores.
Los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo titular es Miguel Ángel Barrera, han obedecido a sus intereses a fin de desechar cualquier prueba que aporte en su contra.
Medero agregó que su puesto en la administración pública y el apoyo de un senador –cuyo nombre se reservó–, ha servido para que su domicilio sea cateado y él sea víctima de abuso de autoridad y de detenciones arbitrarias, pese a contar con la protección de la justicia federal.
De cuando al denunciante el 9 mayo, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero se determinó su inmediata libertad cuando su representante legal, Diana Cristal González Obregón, presentó el amparo con el que cuenta hasta la fecha se desconoce su paradero del niño
Con la presentación de 10 documentales periciales que demuestran la falta de verdad por la madre de su hijo, aseguró, se ha defendido de las denuncias en su contra, que siguen abiertas porque la autoridad sólo le da atención por su puesto en el gobierno y su género, por lo que solicitó a la FGJ su urgente intervención.
