No estamos frente a una caravana de migrantes sino un desplazamiento forzado.
Las redes, organizaciones de la sociedad civil y academia, que trabajamos en la defensa de los derechos de la niñez, las mujeres y los hombres en contextos migratorios y que requieren protección internacional, hacemos un llamado al gobierno mexicano ante la grave situación de violencia generalizada[1], hambre, marginación y falta de condiciones básicas para una vida digna y segura, originada por la incapacidad del gobierno hondureño y también padecida en toda la región centroamericana, que ha orillado a su población a desplazarse forzadamente fuera de su país en busca de condiciones de vida digna y humana.
Lo que hoy presenciamos no es una caravana de migrantes, es un #DesplazamientoForzado de personas que requieren protección internacional, principalmente hondureñas pero también de El Salvador, Guatemala y otros países de Centroamérica, que requieren ser escuchadas y atendidas. Por ello, urgimos al Estado mexicano a:
1. Reconocer la protección internacional Prima Facie de la población hondureña desplazada forzadamente, bajo protección del Estado mexicano y garantice su no devolución.
2. Conforme al debido proceso y detección de necesidades de las personas desplazadas, se brinde atención adecuada, incluyendo necesidades de protección internacional, salud, primeros auxilios psicológicos y atención en crisis.
3. La no detención de ninguna de las personas desplazadas en estaciones migratorias, lugares acondicionados para tal fin o privadas de su libertad, mucho menos las niñas, niños y adolescentes, ya que su detención está prohibida en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Se deben implementar alternativas para evitar que las personas sean detenidas.
4. Hacemos un llamado a los Organismos Públicos de los Derechos Humanos, federal y estatales, para que fortalezcan sus acciones de monitoreo y vigilancia en la frontera, en estaciones migratorias y en general en territorio mexicano, para que no se violen los derechos humanos de las personas migrantes, así como la solicitud y determinación de medidas cautelares y mecanismo de seguimiento para garantizar que no se haga uso de la fuerza pública en contra de las más de 7 mil personas desplazadas en territorio mexicano, de las cuales 2,307 son menores de edad y 2,234 son mujeres, registradas hasta la noche del 20 de octubre por el Ayuntamiento de Suchiate, y las que se sumen.
5. Demandamos el esclarecimiento de los hechos ocurridos el día 19 de octubre en el puente internacional Dr. Rodolfo Robles, cruce fronterizo entre México y Guatemala, en donde mujeres con bebés en brazos, niñas, niños y familias enteras recibieron agresiones por parte de agentes federales, al encontrarse al frente de la multitud de personas ingresando a México, y que fueron las principales afectadas por los gases lacrimógenos, así como de las personas trasladadas a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas, aquellas que se encuentra en estancia migratoria habilitada en la Feria Mesoamericana, y de la muerte de un bebé que se difundió en diferentes medios. (Ver acción Urgente-ExodoMigrante_191018).
6. Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informe sobre las acciones de las autoridades en tiempo y forma, la dimensión de la población desplazada desagregada por sexo, edad y nacionalidad, así como los apoyos que se están derivando para la atención en instancias de gobierno o albergues de la sociedad civil.
7. Que exista participación coordinada de las procuradurías de protección a la infancia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y las Comisiones de Derechos Humanos para evaluar las necesidades de protección, brindar asistencia inmediata e instruir al Instituto Nacional de Migración (INM) para otorgar documentación requerida, coordinarse e informar a agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, sobre las acciones y estatus de las personas en todo momento.
8. Que el gobierno de México brinde información de los procedimientos migratorios y de asilo con apoyo de brigadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones especializadas de la sociedad civil.
9. Solicitamos reunión emergente con Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para revisar propuestas y coordinar respuesta a éxodo hondureño y desplazamiento forzado de personas centroamericanas.
10. Solicitamos la instalación de una mesa multisectorial de respuesta para atención integral y humana para las personas desplazadas de manera forzada en frontera sur y que llegará a lo largo del territorio mexicano. Esta mesa debe incluir participación de sociedad civil que se encuentra atendiendo a personas desplazadas y especializadas en asilo y migración, consejeras del Consejo Ciudadano del INM y Consejo Consultivo de Política Migratoria de SEGOB.
11. Garantizar la seguridad y no criminalización de quienes acompañan a las personas desplazadas forzadas, así como a defensoras y defensores de derechos humanos que realizan labor de monitoreo, atención jurídica y humanitaria a lo largo de territorio mexicano. Especialmente, que se brinde protección a integrantes de las organizaciones Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Formación y Capacitación AC (FOCA); Iniciativas para el Desarrollo Humano IDH, Médicos del Mundo Francia y España; Save the Children; Servicio Jesuita a Refugiados y el Servicio Jesuita a Migrantes; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM), que se encuentran en terreno acompañando a los distintos grupos de personas migrantes que están siendo trasladadas, y que no se criminalice su actuación.
12. Ante estos contextos, se reafirma la necesidad de transformar la política de Estado en materia migratoria. Las medidas que aquí se tomen pueden representar una oportunidad para una reorientación y construcción, por parte del Legislativo y Ejecutivo, de una política de Estado centrada en las personas y en sus derechos en México.
Ante esta situación, México debe cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido en el marco jurídico nacional e internacional para informar, detectar y autorizar el ingreso de todas las personas, con apego a las garantías de un debido proceso, así como evaluar y determinar las necesidades de protección de la niñez, adolescencia, mujeres, hombres y familias, ya sea como refugiadas o por otras causas humanitarias o complementarias. Coordinar las acciones con el apoyo de las agencias de la ONU, organismos internacionales y las organizaciones y albergues de migrantes, y seguir la tradición humanitaria y de acogida que ha tenido en diferentes momentos de la historia, como cuando existió el desplazamiento de personas guatemaltecas y que se les reconoció como refugiadas Prima Facie, al reconocer las situaciones de violencia generalizada e inhumana que vivían en los 80-90. Hoy, con mayores herramientas en nuestros marcos legales, se requiere de la voluntad política para brindarles protección en México y evitar riesgos a la vida, seguridad y libertad de miles de niñas, niños, mujeres, hombres y familias hondureñas, salvadoreñas y otras de origen centroamericano.
México cuenta con el reconocimiento Prima Facie de la condición de refugiado en su legislación, consistente con el derecho internacional de las personas refugiadas, y es utilizado por los países ante la llegada de contingentes de personas con necesidad de protección que sobrepasan la capacidad instalada de los Estados para procesar sus solicitudes de forma individual. Es de conocimiento público que la COMAR no cuenta con la capacidad operativa y humana para realizar su labor puesto que como lo advierte la CNDH (comunicado de prensa DGC/046/18), existen solicitudes de asilo desde 2016 que no ha resuelto, y en 2017 de las más de 14 mil solicitudes realizadas más del 50% siguen sin resolución. Por ello y dadas las situaciones de extrema violencia y pobreza que vive el pueblo hondureño, el Estado mexicano debe considerar la adopción del reconocimiento Prima Facie de personas hondureñas. De acuerdo con el ACNUR, es una herramienta pragmática en la que se presume que cada persona en un grupo en particular califica para la condición de refugiado a partir de información objetiva sobre el grupo, el país de origen y las circunstancias que originan la huída[2].
Al tiempo, hacemos un llamado a la sociedad a estar alerta y solidarizarse con las y los hermanos centroamericanos. Recordemos que la migración indocumentada en México no es un delito. Sabemos que cerrar las puertas no es la solución, pues conocemos las dificultades a las que se enfrentan las más de 11 millones de personas migrantes mexicanas en Estados Unidos.
