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elabora un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas,
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNU-DH), Michelle Bachelet, fue tajante en su discurso de despedida de México: le resultó impresionante que el país “tenga cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006”.
“El gobierno actual hereda una situación de extrema violencia, pero tanto él (López Obrador) como todas las autoridades con las que he hablado se han comprometido a hacer lo necesario para revertirla”, dijo.

Respecto a la recién creada Guardia Nacional, advirtió que su oficina en México no dudará en denunciar “cualquier tipo de desviación” en los objetivos de la nueva corporación, impulsada para combatir la inseguridad en el país, con respeto a los derechos humanos.
En conferencia de prensa, la expresidenta de Chile aclaró que el convenio de colaboración para dar asistencia técnica, firmado entre su oficina en México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contempla un mecanismo de seguimiento de la operación de la nueva fuerza de seguridad.

“Nuestra tarea es apoyar, pero también nuestra tarea es alertar si vemos que las cosas no van por el camino correcto”, dijo Bachelet al puntualizar que, de cometerse violaciones a derechos humanos por parte de los operadores de seguridad, “no tiene que haber impunidad, los responsables tienen que ser llevados ante la justicia”.

Tras la firma del convenio de colaboración con el gobierno de López Obrador, la funcionaria de la ONU se abstuvo de pronunciarse sobre el virtual nombramiento de un militar en activo al frente de la Guardia Nacional, contrario al compromiso de que el mando de la institución estuviera a cargo de personal civil.

Pese a la insistencia de reporteros, Bachelet evitó abordar el tema, aunque mencionó que el convenio firmado “no sólo habla de capacitación, sino de una serie de elementos a la hora del seguimiento de cómo va a funcionando esto. Habla de rendición de cuentas, de transparencia de indicadores de derechos humanos que nos permitan mirar si efectivamente esta fuerza va yendo en la dirección correcta o si se está desviando, y en cuyo caso la Oficina no dudará en avisar si ve que hay cualquier tipo de desviación o situación que no respondiera al espíritu de lo que se busca, al espíritu del acuerdo”.

Luego de destacar que se va de México con “múltiples sensaciones”, entre ellas la de volver a “los dolores que nos tocó vivir en mi país”, sostuvo que al conocer el drama de las desapariciones en voz de los familiares de las víctimas, valoró como positivo que de parte de funcionarios de gobierno se reconozca la crisis de derechos humanos y se hable de voluntad política para superar el problema.

Bachelet enfatizó que su oficina en México estará al tanto del proceso para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas, y mencionó que elabora un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, que incluirá recomendaciones puntuales para mejorar su funcionamiento.

La Alta Comisionada celebró que en su discurso el presidente López Obrador sostenga el compromiso de enfrentar la crisis forense, con 26 mil cuerpos sin identificar, pero advirtió que “más grave aún es que se sigan produciendo desapariciones, tal y como estableció en 2018 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU”, y que en “la inmensa mayoría de los casos la impunidad sea la regla”.

La expresidenta de Chile resaltó que queda pendiente el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y del fiscal para el caso Ayotzinapa, e hizo votos porque el fiscal general de la República “impulse la transición a una institución autónoma, capaz de investigar fenómenos criminales complejos y que se priorice la investigación de las graves violaciones a derechos humanos”.

Tras solicitar al gobierno de López Obrador que acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) para dar seguimiento a denuncias individuales, y que admita la visita solicitada desde 2013, advirtió que “la búsqueda de la verdad debe acompañarse de la consecuencia de la justicia”, y que la “sanación no será producto del tiempo, será fruto de la materialización de resultados concretos”.

Al término de su visita oficial, la Alta Comisionada se dijo sorprendida de la dimensión de las violaciones a derechos humanos en México, país al que da seguimiento desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

“Yo sabía de la violencia, sin duda, pero no tenía la precisión de la dimensión de las graves violaciones a derechos humanos”, como las ominosas cifras de 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar, 10 mujeres asesinadas cada día, detalló.

Finalmente, Bachelet exhortó al gobierno mexicano a aceptar las visitas de relatores de la ONU, así como demostrar “su voluntad de cambio y su disposición de hacerlo con la comunidad internacional”, poniendo en práctica las 262 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) aceptadas recientemente.

Acompañada del responsable de su oficina en México, Jan Jarab, hizo un reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos y de periodistas, que atraviesan por una situación de violencia “alarmante”, y abogó por considerar a los pueblos indígenas en la edificación de megaproyectos. También llamó a garantizar seguridad para los migrantes, de los cuales 17 mil solicitaron visas humanitarias en lo que va del año.

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