Autoridades de diversos ayuntamientos denunciaron que el senador Benjamín Robles Montoya condiciona a los municipios para otorgarles presupuesto extraordinarios a cambio de porcentajes o de la ejecución por parte de constructores afines al perredista.
Y es que la semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las reglas de operación del Fondo de Apoyo a Infraestructura y Productividad (FAIP) de recursos financieros aprobados recientemente por mil 200 millones de pesos y destinados a municipios marginados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas .
Sin embargo, en distintos foros, reuniones de trabajo y boletines, como el del pasado 14 de agosto, el senador perredista ha propalado que son resultado de sus gestiones y que serán beneficiados los municipios que cuenten con su simpatía y a favor de su proyecto político.
Las autoridades municipales pidieron no citar sus nombres a riesgo de no perder la gestión de recursos financieros. En el caso de Oaxaca están enlistados al menos 100 municipios con mayor grado de pobreza, con montos que van de los 12 millones de pesos hasta tres millones de pesos.
En el Diario se encuentran Municipios tales como: San José Tenango, Santa María Chilchotla, San Agustín Loxicha, Huautla de Jiménez, San Miguel Soyaltepec, Santa Cruz Zenzontepec, San Felipe Jalapa de Díaz, San Mateo del Mar, San Lucas Ojitlán, Sant María Tonameca, Santiago Amoltepec, San Juan Guichicovi, entre muchos más.
Además, se presentan como gestores Valdivieso Consultores, S.C, a cargo de Juan Pablo Vicente, quien se presentó como coordinador regional de Robles Montoya; Judith Reyes Rojas, coordinadora de Proyectos Sociales, quien proporciona un número de celular y da como domicilio Hornos número 25, colonia Los Laureles, Santa Cruz Xoxocotlán, así como Dira Maciel y Odette Yepes.
Estas personas, quienes se presentaron como enviados del senador Benjamín Robles, citaron el pasado 19 de agosto a las autoridades municipales al hotel “Las Canteras”, ubicado en la cuarta calle de Libres de la ciudad de Oaxaca, donde les condicionaron la entrega de los apoyos.
Demandaron el apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, así como de la Auditoría Superior de la Federación, para que supervisen estas acciones, pues las constructoras a cargo o recomendadas por el senador perredista, así como los despachos de apoyo, les exigen comisiones del 10 y 15 por ciento sobre el monto que les autorizarán.
