“La soberbia es una discapacidad
Que suele afectar a los pobres
Infelices mortales,
Que se encuentran de golpe con una
Miserable cuota de poder”.
José de San Martin.
ISMAEL SANCHEZ ZAMORA.
Preocupante la situación por la que atraviesa la libertad de expresión en nuestro país, se ha convertido en una costumbre la nota informativa en los medios de comunicación que señala agresiones a comunicadores, en su mayoría incomodos para el poder en turno, desde amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y verbales, siendo en muchos casos la muerte que silencia la voz crítica, la voz de denuncia, la voz que transmiten portando la voz del denunciante y el cual cansado de que el poder no lo escuche recurre a quien lo haga público y la opinión publica se entere de las anomalías e ilícitos que el poder acostumbra a hacer en contra del que menos tiene a favor de quien obstante la riqueza y poder, a pesar de que nuestro país cuenta con una ley (tan cacareada por el gobierno federal de ser la única en el planeta) para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos,ha quedado solamente en teoría estampada en papel, en los hechos esta acéfala su ejecución, más del 95% de las denuncias en agravio a la libertad de expresión se encuentran archivadas, del resto solamente se ha simulado con el clásico chivo expiatorio, y para colmo a quien no acallan con balas y amenazas lo censuran coartando sus derechos con la impartición de justicia a favor del poderoso, la gran mayoría de medios y reporteros publican lo que conviene a los intereses facticos, sumisos al poder se arrodillan y se denigran sin importarles lo que causan desinformando a la sociedad, ávida de información relevante y no llamaradas de petate para desviar la atención de los hechos trascendentales que vive nuestra república, el “ manual de `prevención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión” de la Procuraduría General de la Republica, y que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, `prevención del delito y servicios a la comunidad como también la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión tienen a su cargo, estas oficina tienen la responsabilidad de defender a quienes ejercen su derecho a la libre expresión, porque la libertad de expresión es un pilar fundamental de todo sistema democrático, y porque su ausencia es una de las características de todo régimen dictatorial, es mejor el reclamo de la prensa, que el silencio impuesto por las armas, y como diría Voltaire “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo,” en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos decretada en el mes de Diciembre de 1948, se enuncian los derechos específicos que se han de garantizar, tanto derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales basados en la libertad de igualdad, y dice; “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión”, es más la misma ONU genero dos mecanismos encargados de promover y proteger los derechos humanos, a nivel Internacional, creando la “Relatoría Espacial de la Organización para la Libertad de Expresión” cuya función es definir y reforzar el contenido preciso del derecho a la información, la relatoría observa que las agresiones a periodistas impacta a otros periodistas, ya que genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad, es por ello que ahora en México es fácil matar a un periodista a sabiendas que no habrá castigo para el ejecutor y sus cómplices, siendo considerado a nivel Mundial un lugar muy peligroso para ejercer esta profesión, el 5 de julio de 2010 el Estado Mexicano decide crear la Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), esta decisión fue recibida por periodistas y organizaciones civiles que defienden el derecho a la libre expresión, con ello el Estado Mexicano no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares, y además la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia, aun cuando las personas responsables no sean agentes estatales, sin embargo, y pese a los “esfuerzos”, la Fiscalía no ha contribuido a reducir la impunidad generalizada en los casos de agresiones y muertes a periodistas, siendo los resultados escasos, la falta de autonomía ejerce las presión para continuar privilegiando la impunidad, la reforma a la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, faculta a la autoridad federal, a conocer e investigar delitos del fuero común cuando tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, asimismo, el 3 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que otorga facultad a la autoridad federal para ejercer la atracción de delitos del fuero común cometidos contra periodistas y de esta manera los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos; además se establece el recurso de reconsideración a favor del agraviado cuando la autoridad federal se niegue a ejercer la atracción, sin información no hay periodistas y sin periodistas no hay información, por ello viene a bien lo siguiente, “todo se puede decir, solo hay que saber como y cuando decirlo” (Benjamin Moctezuma Longoria, periodista Zacatecano), el oficio y compromiso de un comunicador profesional, es deberse a la sociedad en general y no al poder factico asociado al poder gubernamental, y como siempre no faltara un pelo en la sopa, algún individuo soberbio como el director municipal de desarrollo sustentable, este vividor a tratado con acciones intimidantes acallar mi voz, pero no habrá nadie que logre silenciarme (a excepción de una bala por supuesto) y por ello lo agrego a la enorme lista de individuos a quienes e señalado ante la opinión publica por atentar contra de mi persona, y responsabilizo a Alfredo Pérez Díaz por mi integridad física y la de mi familia. AQUÍ HUATULCO.
